El Gobierno envió a trámite legislativo el proyecto de reajuste del salario mínimo, que considera un incremento del 5%, con lo que se elevaría de $182.000 a $ 191.000. El Ministro de Economía, Pablo Longueira, hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a llevar adelante un debate de manera responsable porque -argumentó- “tenemos que hacernos cargo del momento que está viviendo la economía del mundo". El secretario de estado afirmó que si esta cifra se aumenta mucho más allá de la productividad y la inflación se traduciría en desempleo. "Todos quisiéramos que el sueldo mínimo fuera lo más alto posible, pero hay que ser responsables. La economía mundial, todos sabemos por el período que está pasando", añadió Longueira.
Escrito por: 4 Ojos Comunicaciones
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechazó la propuesta del Ejecutivo y anunció la convocatoria a una jornada de protesta nacional para el próximo 5 de julio, cuya demanda central será el establecimiento de un piso salarial de $ 250.000. El presidente de la multisindical, Arturo Martínez, reiteró que esa cifra es intransable. Sobre la iniciativa enviada por La Moneda al Congreso, señaló que el incremento de $ 9.000 es equivalente a "ocho días de pasajes de ida y vuelta en el Transantiago". El máximo representante de la CUT añadió que “sabíamos que el Gobierno iría con menos (de los $ 250.000), pero nos vamos a ver las caras en el Parlamento y en la calle porque el 5 de julio yo creo que va a salir mucha gente a la calle a reclamar por los salarios”. Explicó que ya se cuenta con el compromiso de votar en contra del proyecto del Ejecutivo por parte de los parlamentarios de la Concertación “y sólo nos falta conversar con los diputados independientre y del PRI”.
La convocatoria para la movilización del 5 de julio no sólo se circunscribe a la demanda scentral de un salario mínimo de $ 250.000, sino también a la reforma del sistema previsional y el perfeccionamiento de las políticas de protección social, salud y educación.
El nuevo salario mínimo debe ser despachado por el Congreso a más tardar el 31 de julio.
